La reciente aprobación de las NIIF S1 y S2 en el Perú marca un punto de quiebre: la sostenibilidad deja de ser un ejercicio voluntario para convertirse en información financiera relevante. Estas normas, impulsadas por el ISSB, obligan a las empresas a revelar cómo los factores ambientales, sociales y de gobernanza impactan su desempeño financiero, integrando los criterios ASG dentro del núcleo de la toma de decisiones empresariales y del análisis de inversionistas. Su aplicación estará centrada principalmente en empresas de interés público, incluyendo aquellas supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, así como empresas no reguladas con ingresos iguales o mayores a 2,300 UIT, es decir, compañías con peso económico relevante en el país.
Este cambio responde a una demanda clara del mercado financiero: contar con información comparable, confiable y útil para evaluar riesgos y oportunidades. Sin estándares, la sostenibilidad era difícil de traducir en decisiones de inversión; con estas normas, se crea un lenguaje común que permite vincular el desempeño ASG con el acceso a capital, mejores condiciones de financiamiento y mayor confianza del mercado. En este contexto, las empresas que no gestionen ni midan su sostenibilidad quedarán fuera de la conversación financiera.
Aquí es donde programas como EGS toman relevancia estratégica. Más allá de una evaluación, EGS se posiciona como un sistema que permite a las empresas generar data estructurada, identificar brechas y prepararse para este nuevo entorno regulatorio y financiero. En un escenario donde los criterios ASG se convierten en criterios de inversión, la capacidad de medir, demostrar y gestionar sostenibilidad deja de ser una ventaja competitiva y pasa a ser una condición mínima para acceder al mercado.
