La Amazonía alberga el 40% del bosque tropical del mundo. En un territorio de 7 millones de km2, de los cuales 5,3 millones de km2 son bosques, resguarda más de 400 pueblos indígenas y el 10% de biodiversidad terrestre mundial. El agua que fluye por los ríos amazónicos representa aproximadamente el 18%
del agua total que llega a los océanos, con una descarga de 17 mil billones de toneladas por día. Además, es uno de los mayores sumideros de carbono del planeta, fundamental para mantener el equilibrio climático y la seguridad hídrica de la región. Sumado a esto, es el hogar de entre 40 a 50 millones de personas, «incluidos más de 400 pueblos indígenas de gran riqueza cultural», según el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente).
Sin embargo, la Amazonía enfrenta hoy una creciente amenaza de actividades ilegales que comprometen su integridad. En la última década, más del 30 % de la deforestación en la región amazónica se ha asociado a la tala ilegal; la minería aurífera ilícita contamina con mercurio ríos y suelos, afectando la salud de miles de comunidades; y se estima que el 60 % de la madera que circula en algunos países amazónicos proviene de fuentes ilegales. Estas actividades degradan la biodiversidad, socavan la institucionalidad y vulneran los derechos de las poblaciones locales.²
La ilegalidad también alimenta redes criminales que generan violencia, trata de personas, explotación laboral y exclusión social. Según la ONU, el crimen organizado ligado a economías ilícitas en la Amazonía mueve miles de millones de dólares al año, perpetuando ciclos de pobreza e inseguridad en un territorio que debería ser sinónimo de vida y oportunidades.
Esta problemática no se limita a las fronteras nacionales. Los mercados internacionales, con frecuencia compran sin la debida diligencia, y esto refuerza cadenas de suministro ilegales. Al mantener una demanda constante de productos de origen dudoso, contribuyen directamente a perpetuar la deforestación, la degradación ambiental y las economías ilícitas. En este contexto, la lucha contra el crimen organizado y el crimen ambiental, tanto en la oferta como en la demanda, debe siempre observar y respetar las legislaciones nacionales y las instituciones multilaterales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Las empresas Latinoamericanas reconocen que esta situación es una de las principales barreras para el desarrollo sostenible de la región. Sin frenar la ilegalidad, es imposible consolidar un modelo de prosperidad inclusivo, resiliente y bajo en carbono.
Nuestros compromisos
Como empresas y gremios de Perú y de toda América Latina, articulados a través de Perú Sostenible y CEBDS, a través del Comunicado Empresarial Brasileño para la Amazonia, representantes del WBCSD en Perú y Brasil, además de sus aliados regionales, asumimos el compromiso de:
1. Visibilizar y abordar de manera urgente la ilegalidad en la Amazonía, entendiendo que la protección de este ecosistema es condición indispensable para garantizar el futuro ambiental, social y económico de América Latina.
2. Impulsar oportunidades de desarrollo sostenible e inclusivo, como los bionegocios, las cadenas de valor sostenibles y el empleo digno que den alternativas reales a las comunidades amazónicas.
3. Promover marcos regulatorios sólidos, claros y previsibles (legal frameworks) que prevengan afectaciones al ambiente y brinden seguridad jurídica a la población y las actividades económicas formales y responsables.
4. Fortalecer los controles en nuestras cadenas de valor, evitando que productos de origen ilegal ingresen al mercado formal y asegurando mayor trazabilidad y transparencia.
5. Promover la colaboración público-privada y multiactor, convencidos de que la lucha contra la ilegalidad solo será efectiva si gobiernos, empresas, sociedad civil y pueblos indígenas trabajan juntos.
6. Defender la Amazonía como patrimonio común de América Latina y del mundo, reconociendo que su protección es indispensable para el cumplimiento de los compromisos climáticos y de desarrollo sostenible globales.
7. Exhortar a los países desarrollados y a los mercados internacionales a garantizar reglas claras de comercio, trazabilidad y consumo responsable, reconociendo que la ilegalidad no se sostiene sin demanda externa. La protección de la Amazonía requiere corresponsabilidad global.
La Amazonía no puede esperar. Actuar ahora contra la ilegalidad es la única manera de garantizar un futuro de prosperidad compartida, seguridad y sostenibilidad para nuestra región y para el planeta.
